Si una EPS no cumple una orden impartida dentro de una acción de tutela, es necesario revisar el fallo, los términos y las pruebas para definir si corresponde solicitar al juez medidas para lograr el cumplimiento, promover un incidente de desacato o adelantar ambas actuaciones de forma complementaria.
El incidente de desacato es un mecanismo procesal que puede promoverse cuando una persona o entidad incumple una orden dictada por un juez dentro de una acción de tutela. Puede conducir a la imposición de sanciones cuando se demuestra la responsabilidad de quien estaba obligado a cumplir.
El desacato no se configura automáticamente por cualquier demora. El juez debe establecer qué orden fue impartida, a quién se dirigió, en qué plazo debía ejecutarse y si existió un incumplimiento total, parcial, tardío o aparente.
No basta con afirmar que la EPS no cumplió. El escrito debe relacionar de manera precisa la orden judicial, el término fijado, la persona obligada y las pruebas que demuestran qué continúa pendiente.
La solicitud debe identificar exactamente qué dispuso el juez y desde cuándo la EPS estaba obligada a ejecutar la orden. Esto permite delimitar el alcance del incidente y evitar solicitudes que excedan lo decidido en la tutela.
Debe explicarse qué parte de la orden sigue sin ejecutarse y respaldar esa afirmación con documentos. También resulta relevante mostrar si el incumplimiento mantiene una barrera o un riesgo actual para el paciente.
Debe informarse al juzgado y aportarse evidencia que permita comparar la orden judicial con lo que la entidad hizo o dejó de hacer.
La EPS o el operador farmacéutico mantiene la falta de suministro, entrega parcialmente o no garantiza la continuidad indicada.
La orden tiene un plazo definido, pero la entidad no asigna fecha o continúa trasladando el trámite entre prestadores.
Se suspenden terapias, controles, medicamentos o servicios que el fallo ordenó garantizar de manera continua.
La entidad ejecuta una parte de la orden, pero deja pendiente un servicio, insumo o componente indispensable.
La EPS informa que cumplió, pero lo realizado no elimina la barrera ni permite acceder efectivamente al servicio ordenado.
La orden urgente dictada antes del fallo no fue ejecutada y el riesgo para la salud permanece o se agrava.
La medida provisional es una orden que el juez puede adoptar mientras decide la tutela para evitar que la demora produzca un daño o agrave la amenaza sobre los derechos fundamentales. En salud puede estar relacionada con un medicamento, una hospitalización, una cirugía, un traslado o la continuidad de un tratamiento urgente.
Si la entidad no cumple, conviene informar inmediatamente al juzgado, identificar la orden exacta y demostrar que la protección provisional sigue pendiente.
La decisión exige contrastar la orden con las actuaciones de la persona o entidad obligada y con las explicaciones aportadas al expediente.
A quién estaba dirigida la orden y qué persona debía adoptar las decisiones necesarias para ejecutarla.
Qué servicio, actuación o resultado concreto fue ordenado en el fallo o en la medida provisional.
El plazo señalado en la providencia y la fecha desde la cual la entidad conoció la orden.
Si la orden fue incumplida total o parcialmente, ejecutada tarde o atendida solamente de manera aparente.
Las explicaciones y pruebas presentadas por la persona requerida para justificar la falta de cumplimiento.
Si el incumplimiento puede atribuirse a culpa o dolo y no a una imposibilidad real debidamente demostrada.
Los soportes deben permitir reconstruir el recorrido del caso: qué ordenó el juez, cuándo conoció la entidad la decisión y qué ocurrió después.
No todos los expedientes requieren los mismos anexos. Lo importante es relacionar cada documento con el incumplimiento informado.
Como regla general, el juez que conoció la tutela en primera instancia conserva competencia para verificar el cumplimiento y tramitar el incidente de desacato.
Se informa el incumplimiento, se identifica la orden y se relacionan los documentos que demuestran la situación.
El juzgado puede requerir informes y, cuando corresponda, comunicar formalmente la apertura del incidente.
La persona requerida presenta sus argumentos y el juez practica las pruebas pertinentes para adoptar la decisión.
El juez decide si existe desacato. Si impone una sanción, la providencia se envía al superior para su revisión en consulta.
La consecuencia depende de la evaluación del juez, de la responsabilidad demostrada y de las actuaciones realizadas para cumplir la orden.
Durante el trámite, la entidad puede ejecutar la orden y el juez verificará si el cumplimiento es completo y efectivo.
El artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 contempla arresto hasta por seis meses y multa hasta por veinte salarios mínimos mensuales para quien incumpla una orden de tutela, siempre que el juez encuentre acreditados los requisitos.
Cuando se impone una sanción, la decisión debe ser revisada por el superior. No se trata de un recurso ordinario de apelación.
El incidente de desacato presupone que ya existe una orden judicial clara y exigible. Si la EPS niega o demora un servicio, pero todavía no se ha presentado una tutela, primero debe evaluarse el mecanismo de protección adecuado.
La revisión debe identificar exactamente qué orden sigue pendiente, quién estaba obligado a ejecutarla, qué pruebas existen y cuál actuación puede ayudar a obtener el cumplimiento efectivo.
Estas respuestas ofrecen una orientación general. La actuación adecuada depende del contenido del fallo y de las circunstancias del incumplimiento.
Debe informarse al juez que conoció la tutela en primera instancia, identificar la orden pendiente y aportar pruebas del incumplimiento. Según el caso, puede solicitarse el cumplimiento, promoverse un incidente de desacato o adelantarse ambas actuaciones.
Es un trámite mediante el cual el juez analiza si una persona incumplió una orden de tutela con responsabilidad subjetiva. Puede concluir con una sanción, pero esta no es automática.
Conviene informar inmediatamente al juzgado, adjuntar el auto que concedió la medida, demostrar su notificación y explicar el riesgo que continúa afectando al paciente.
Como regla general, se presenta ante el juez que conoció la acción de tutela en primera instancia y conserva competencia para asegurar el cumplimiento.
En principio debe resolverse dentro de los diez días siguientes a su apertura. Excepcionalmente puede requerirse un tiempo adicional para practicar y valorar pruebas respetando el derecho de defensa.
Debe identificarse una orden judicial clara y exigible, demostrar que fue comunicada a la EPS y aportar pruebas de que continúa incumplida total o parcialmente. El juez también analizará las razones expuestas por la persona obligada y si existe responsabilidad subjetiva.
La decisión que resuelve el incidente no tiene recurso ordinario de apelación. Si se impone una sanción, el expediente se remite al superior para que la revise mediante el grado jurisdiccional de consulta.
Pueden resultar útiles la sentencia, los autos posteriores, la constancia de notificación, órdenes médicas, radicados, correos, respuestas de la EPS y pruebas que demuestren que la orden sigue sin cumplirse.